© CICDHA, Portada del informe sombra de mitad de período del Examen Periódico Universal de la República Popular de China.
En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de China, el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), junto con ISHR y otras organizaciones, presentó un ‘informe de medio plazo’ sobre la implementación por el gobierno chino de recomendaciones con relación a sus obligaciones internacionales en el ámbito de las actividades de empresas chinas en Latinoamérica.
El pasado miércoles 23 de marzo, el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA)[1] hizo presentación de un informe de medio plazo del Examen Periódico Universal (EPU) de la República Popular de China, preparado conjuntamente con el International Service for Human Rights (ISHR) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
El informe evalúa el nivel de implementación por China de seis recomendaciones clave en el ámbito de empresas y derechos humanos que recibió en el marco del EPU de 2018, contrastándolas con el impacto de 26 proyectos operados o financiados por consorcios chinos en Latinoamérica.
El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante el cual un país es evaluado por otros gobiernos cada cuatro a cinco años en su progreso en materia de derechos humanos. Además del informe presentado por el Estado, el examen se da con base en informes de la sociedad civil, que proveen información sobre la situación de derechos en el país evaluado. Al finalizar el examen, los otros Estados extienden recomendaciones al Estado evaluado para mejorar su situación de derechos humanos, que puede decidir aceptar y comprometerse a implementar hasta el próximo EPU, o rechazar.
Las recomendaciones emitidas a China en el 2018 por Perú y Ecuador, así como Corea del Sur, Kenia, Haití y Palestina, reflejan las preocupaciones crecientes por el impacto socio-ambiental de proyectos chinos a nivel global. La receptividad de China a éstas debe traducirse por medidas concretas para fomentar un marco regulatorio para la debida diligencia de las empresas.Raphael Viana David, Responsable de programas
El ‘medio plazo’ del EPU es una oportunidad importante para evaluar el avance de los Estados en las recomendaciones aceptadas, de cara a su siguiente EPU, programado para 2023 en el caso de China.
Aunque no constituyen un marco normativo vinculante, en los últimos dos años, entidades chinas han promulgado regulaciones y directrices internas para guiar el comportamiento de sus empresas en el extranjero. Sin embargo, los 26 casos presentados en el informe demuestran el incumplimiento de las recomendaciones aceptadas en el EPU y apuntan hacia una serie de patrones de abusos de los derechos humanos cometidos por empresas chinas en Latinoamérica.
El Estado chino también falla sus obligaciones bajo el derecho internacional de ‘respetar’ los derechos humanos, es decir, asegurarse de que actores bajo su jurisdicción o control efectivo – por ejemplo empresas e inversionistas chinos – no vulneren los derechos humanos de individuos. Esta obligación se extiende fuera del territorio chino, como lo recordó en marzo de 2021 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la primera etapa de su examen de China.
Las organizaciones de la sociedad civil locales y regionales juegan un rol fundamental a la hora de documentar abusos de los derechos humanos y brindar apoyo a las víctimas. Por ello, el gobierno chino debe abrir mecanismos y canales de diálogo claros y transparentes con la sociedad civil, en vez de mantener la opacidad y, en ciertos casos, intimidar a sus representantes.Raphael Viana David, Responsable de programas
Éstos elementos fueron presentados en el evento de lanzamiento del informe:
Julia Cuadros, de la organización peruana ‘Cooperacción’ celebró que, en parte gracias a la sociedad civil, en el EPU se están reconociendo las responsabilidades extraterritoriales de los Estados por actuaciones de empresas financiadas o regidas por estos. Sin embargo, también lamentó que las empresas chinas se han rehusado a dialogar con la sociedad civil y comunidades afectadas en los casos de abusos de los derechos humanos y daños al medio ambiente.
Vivian Idrovo Mora, de la Alianza por los derechos humanos Ecuador, indicó que el patrón de abusos documentado desde el 2018 sigue perpetúandose:
Franco Albarracín, del Centro de Documentación e Información Bolivia, destacó las principales recomendaciones a los actores chinos, entre las cuales:
Fernanda Hopenhaym, del Grupo de trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos indicó que, entre el 2018 y 2022 el Grupo de Trabajo ha enviado 16 cartas de alegaciones de abusos de derechos humanos al gobierno chino, de las cuales 13 recibieron respuesta. Dos de estas cartas atendían a casos en Latinoamérica, incluyendo los proyectos mineros Las Bambas en Perú (sin respuesta), y Río Blanco en Ecuador (respuesta en agosto de 2018).
Jimena Reyes, de la FIDH, destacó el grave impacto ecológico de las actividades empresariales chinas, pues 24 de los proyectos atraviesan áreas delicadas ecológicas. En tal sentido, recomendó la posibilidad de adoptar un tratado vinculante en materia de debida diligencia de las empresas, como el que está discutiendo la Unión Europea; o, como mínimo, incorporar disposiciones de derechos humanos y medio ambiente en los tratados bilaterales de Inversión.
Josephine Chiname, de la ’Zimbabwe Environmental Law Association’, indicó que los problemas afrontados por Latinoamérica son similares a los problemas enfrentados en Zimbabue. También señaló que en su país, las delegaciones chinas están haciendo un fuerte esfuerzo por pintar con una luz positiva las inversiones chinas, mientras atacan reportajes que muestran el impacto negativo de tales inversiones.
Los hallazgos de este informe no solo son importantes por la resonancia que tienen en todos los países de acogida de proyectos chinos en Latinoamérica. También apuntan hacia la consolidación de una respuesta unificada presentada en la ONU por la sociedad civil latinoamericana ante la ausencia de canales de diálogo con empresas y embajadas chinas a nivel local.Raphael Viana David, Responsable de programas
En 2018, las organizaciones que conforman el CICDHA habían presentado un primer informe en el marco del tercer EPU de China.
El 22 de marzo de 2021, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Comité DESC) publicó su ‘Lista de Preguntas’ al gobierno chino, incluyendo preocupaciones sobre mecanismos y medidas para incorporar la debida diligencia en derechos humanos, supervisar el cumplimiento de empresas, y brindar recursos efectivos a víctimas.
Ésta representa la primer etapa del proceso de evaluación periódica por el Comité del cumplimiento por el gobierno de sus obligaciones bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, uno de los nueve tratados fundamentales de derechos humanos, ratificado por China en 2001 en el contexto de su adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El EPU de 2018 marcó un primer paso importante hacia una mayor atención internacional sobre los abusos cometidos por las empresas chinas en Latinoamérica. Si bien las recomendaciones del EPU son esencialmente políticas, formuladas por gobiernos, el análisis realizado por un cuerpo de personas expertas como lo es Comité DESC viene ahora reforzar dichas recomendaciones a raíz del derecho internacional.Raphael Viana David, Responsable de programas
[1] El CICDHA es un espacio de articulación de organizaciones de la sociedad civil de América Latina que busca incidir en la incorporación de mecanismos efectivos de garantía de derechos humanos, transparencia, participación, junto con la sostenibilidad ambiental de las inversiones y el financiamiento de proyectos con actores chinos. Los actuales miembros son Amazon Watch (regional), Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (Ecuador), Brics Policy Center (Brasil), Centro de Documentación e Información Bolivia, Cedib (Bolivia), CooperAcción (Perú), Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN (Argentina), Latinoamérica Sustentable, LAS (regional), Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA (Chile), Perú Equidad (Perú), Red Muqui (Perú), Sistema de Alerta Temprana (regional) y Sustentarse (Chile). Al informe también aportaron: Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente, Gedmma (Brasil), Fundación Pachamama (Ecuador), Iniciativa Cuencas Sagradas (Ecuador), Kanan Derechos Humanos (México), Movimiento Ríos Vivos (Colombia), Observatorio de Ecología Política de Venezuela (Venezuela), Yasunidos Cuenca (Ecuador), Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el International Service for Human Rights.
Ante la crisis de derechos humanos que vive la región, además de cambios significativos, durante la 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos, personas defensoras de América Latina y el Caribe hablaron de las realidades a las que se enfrentan, exigiendo mayor acción y nuevos mecanismos, y expresando su preocupación por las decisiones políticas que prevalecen sobre las evaluaciones de necesidades objetivas.
Personas defensoras del medio ambiente de toda América Latina y el Caribe se reunieron la semana pasada en el II Foro de los Derechos Humanos (Acuerdo de Escazú) poniendo de manifiesto su papel indispensable en la defensa de la vida en la Tierra. Para que Escazú responda a sus necesidades y expectativas, los mecanismos de apoyo a su aplicación deben recibir fondos suficientes.
Olnar Ortiz Bolívar y Alexandra Lezama, dos personas defensoras de los derechos humanos de Venezuela, asisten a la 52a sesión del Consejo de Derechos Humanos, en la que la Misión de de determinación de los hechos sobre Venezuela (FFM, por su siglas en inglés) presentará oralmente un informe actualizado sobre la situación de los derechos humanos en el país.
