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Un comité de la ONU insta a China a regular mejor las actividades de sus empresas en el extranjero

Un comité de la ONU publica sus conclusiones sobre la protección de los derechos socioeconómicos en China e insta al gobierno a establecer un marco regulador claro para las empresas que operan en el extranjero. Antes del examen de China, ISHR y la coalición CICDHA presentaron un informe analizando el impacto en derechos humanos de 14 proyectos chinos en 9 países latinoamericanos.

Los días 15 y 16 de febrero de 2023, la República Popular de China se sometió a su tercer examen por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU. Tras dialogar con el gobierno chino en Ginebra, y sostener intercambios regulares con grupos de la sociedad civil, el CDESC publicó sus conclusiones – conocidas como Observaciones Finales – el 3 de marzo.

El CDESC expresó su preocupación por la “insuficiencia de las obligaciones legales que tienen las empresas sometidas a la jurisdicción [de China] de actuar con las precauciones necesarias en materia de derechos humanos”, y por el hecho de que las evaluaciones de impacto y las consultas con las comunidades locales afectadas en los proyectos de desarrollo “no siempre sean eficaces ni impidan en todos los casos [las vulneraciones]”. El Comité también subrayó la “falta de medidas adecuadas y eficaces por [China] para asegurarse de que las empresas legalmente domiciliadas en [China], tanto públicas como privadas, respeten los derechos económicos, sociales y culturales cuando operan en el extranjero”, en particular en el caso de las empresas, en particular en lo que se refiere a las operaciones de las empresas que trabajan en la extracción de materias primas, la construcción y los proyectos de infraestructuras”.

Para abordar estas preocupaciones y cumplir con estándares normas internacionales, las y los expertos enumeraron cinco recomendaciones clave al Gobierno (párrs. 18(a)-(d), 20), que éste deberá implementar antes de su próxima revisión en 2028:

  • Establecer un marco regulador claro aplicable a las empresas que operan en [China] a fin de que sus actividades promuevan y no afecten negativamente el disfrute de los derechos humanos económicos, sociales y culturales;
  • Adoptar un Plan de Acción Nacional sobre las empresas y los derechos humanos;
  • Velar por que las entidades empresariales que operan en [China] o las domiciliadas en su jurisdicción y que operan en el extranjero, incluidos sus subproveedores, así como las instituciones que proporcionan financiación, rindan cuentas por las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales que cometan, prestando especial atención a los derechos sobre la tierra de los Pueblos Indígenas y los campesinos, los impactos ambientales y la expropiación en el contexto de proyectos inmobiliarios y de infraestructuras, y por que se establezcan mecanismos de seguimiento y vigilancia para investigarlas y sancionarlas por sus actividades perjudiciales;
  • Asegurarse de que las víctimas de estas violaciones tengan acceso a mecanismos de denuncia efectivos y a recursos asequibles y efectivos, incluidos recursos judiciales y una reparación adecuada;
  • Adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas para garantizar la exigibilidad de responsabilidad legal a las entidades empresariales y sus filiales, así como a los subproveedores, que estén legalmente domiciliados en [China] o sean de titularidad de [China], en relación con las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de sus actividades en el extranjero, en particular, aunque no exclusivamente, en el caso de las empresas que trabajan en la extracción de materias primas y en proyectos de construcción e infraestructuras.

El comité de 18 expertos independientes tiene el mandato de evaluar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Sociales (PIDESC) por parte de los Estados que lo han ratificado -como China-, incluidos los abusos extraterritoriales cometidos por agentes bajo su control. En una fase previa del examen, las y los miembros del Comité habían planteado preguntas clave sobre los esfuerzos del gobierno para aplicar la debida diligencia en derechos humanos y ofrecer reparación a las víctimas de abusos empresariales.

Al aplicar estas cinco recomendaciones, el Comité también recomendó a las autoridades que se guiaran por su Observación General nº 24, que establece las obligaciones de los Estados que ratificaron el Pacto en el contexto de las actividades empresariales.

 

Preocupación creciente de grupos de defensa de los derechos humanos de América Latina y del Sur Global

Las recomendaciones del CDESC se hacen eco de las formuladas por la sociedad civil, incluido el International Service for Human Rights (ISHR) y sus socios latinoamericanos de la coalición CICDHA*.

Antes de la revisión de China, el ISHR y 22 organizaciones latinoamericanas e internacionales presentaron un informe al CDESC que analiza en detalle 14 proyectos en los que actores empresariales y financieros bajo la jurisdicción de China han incumplido normas internacionales de derechos humanos, laborales y medioambientales.

Los proyectos analizados en el informe se sitúan en 9 países -Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela- y en sectores como la minería, la energía hidroeléctrica, los proyectos fósiles, las infraestructuras y la agricultura. El informe identifica patrones de graves abusos contra los derechos de los Pueblos Indígenas, los derechos a la salud, a un medio ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la vivienda, los derechos laborales, así como diversos derechos civiles y políticos.

En las dos últimas décadas, los lazos económicos y financieros entre China y las naciones latinoamericanas se han profundizado hasta un punto histórico. Las instituciones financieras chinas se han convertido en los principales acreedores de varios gobiernos de la región, mientras que las empresas chinas, en su mayoría estatales, han invertido unos 172.000 millones de dólares y han liderado más de 200 proyectos de infraestructuras en 20 países de la región.

La expansión de las actividades empresariales y financieras chinas ha venido acompañada de un aumento significativo de preocupaciones y llamados por parte de actores de la sociedad civil, que advierten de abusos de los derechos humanos e impactos medioambientales negativos en el marco de proyectos empresariales chinos.

El gobierno tiene la responsabilidad de implementar las recomendaciones del CDESC antes de su próximo ciclo de revisión, que comenzará cuando el gobierno presente su próximo informe periódico, previsto para el 31 de marzo de 2028.

En enero de 2024, China se someterá a su cuarto Examen Periódico Universal, un proceso intergubernamental de revisión en derechos humanos, durante el cual diversos países del Sur Global emitieron recomendaciones relacionadas con las actividades empresariales chinas en el extranjero.

 

*El Colectivo sobre Financiación e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Medio Ambiente (CICDHA) es una coalición de organizaciones internacionales y latinoamericanas de la sociedad civil cuyo objetivo es establecer mecanismos eficaces para garantizar el respeto de los derechos humanos, la transparencia y la participación, así como la sostenibilidad medioambiental en las inversiones y la financiación de proyectos en los que participen actores chinos.

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