Tras los informes del Alto Comisionado sobre Colombia, Guatemala y Honduras, el nuevo embajador colombiano instó a otros países a adoptar los mecanismos internacionales de derechos humanos como parte de un "tratamiento terapéutico" destinado a curar a un país y no a sancionarlo.
Un comité de la ONU publica sus conclusiones sobre la protección de los derechos socioeconómicos en China e insta al gobierno a establecer un marco regulador claro para las empresas que operan en el extranjero. Antes del examen de China, ISHR y la coalición CICDHA presentaron un informe analizando el impacto en derechos humanos de 14 proyectos chinos en 9 países latinoamericanos.
En una intervención de tercero en un caso donde la Corte más alta del país analizará la situación de personas defensoras en Colombia, ISHR y otras organizaciones pidieron reformas a nivel de todo el gobierno.
Este informe presentado a la ONU explora 14 proyectos en América Latina en los que empresas y bancos bajo jurisdicción china no han cumplido normas internacionales de derechos humanos, laborales y medioambientales.
Organizaciones nacionales e internacionales enviaron una carta al nuevo gobierno de Colombia con tres recomendaciones para prevenir los crímenes y mejorar la situación de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos.
El ISHR, junto con otras ONG, emitió una declaración conjunta condenando la criminalización de Milena Quiroz y pidiendo que se garantice su derecho a un juicio justo y su derecho a defender derechos humanos.
En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de China, el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), junto con ISHR y otras organizaciones, presentó un ‘informe de medio plazo’ sobre la implementación por el gobierno chino de recomendaciones con relación a sus obligaciones internacionales en el ámbito de las actividades de empresas chinas en Latinoamérica.
Más de 300 ONG han pedido al Consejo de Derechos Humanos que exija a Colombia que respete el derecho a la protesta pacífica; que investigue las violaciones cometidas contra manifestantes y personas defensoras en las últimas semanas y que responda a las demandas de les manifestantes para hacer frente a la pobreza, el racismo sistémico, las desigualdades y la impunidad en el país.
Con decenas de manifestantes muertos y centenares detenidos arbitrariamente en Colombia en los últimos días, las ONG piden al gobierno colombiano que tome medidas inmediatas para garantizar el derecho de las personas a protestar, que haga rendir cuentas a los autores de los asesinatos y ataques, y que tome medidas serias para abordar el descontento, incluso mediante la aplicación del Acuerdo de Paz de 2016.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sonó las campanas de alarma hoy sobre la situación de las personas defensoras en Colombia, Guatemala y Honduras. La ausencia del Estado, las restricciones legales y las prácticas inefectivas fueron destacadas como obstáculos que deben ser abordados por los estados con urgencia.
